Un informe elaborado por técnicos del Senado brasileño señaló este lunes que no existen pruebas de que la presidenta separada de su cargo, Dilma Rousseff, participara en las maniobras fiscales, que supusieron una de las causas que llevaron la apertura del juicio político que se tramita contra ella en la Cámara Alta.
El corresponsal de teleSUR en Brasil, Ignacio Lemus, indicó que el estudio realizado por peritos designados por la Comisión Impeachment del Senado reza que Rousseff no participó de “pedaladas fiscales”.
La pedalada fiscal consiste en la transferencia de ingresos públicos a través de la contratación de servicios con bancos públicos hacia diferentes rubros con un saldo final positivo a favor del gobierno.
De acuerdo con Lemus, “a partir de estos peritos se decretó que tres de los cuatros créditos suplementarios sin aval del Congreso eran irregulares y tuvieron impacto en la meta fiscal. Sin embargo, no se encontraron acciones directas por parte de la jefa de Estado suspendida que hayan contribuido al atraso de 3.5 millones de reales (1 millón 036 mil 390 dólares) en pago a los bancos públicos por parte del Tesoro Nacional brasileño”.
El periodista precisó que este informe manifiesta, en resumen, que las razones por las cuales se abrió el juicio político contra la mandataria no tendría lugar según los técnicos, porque Rousseff no tuvo que ver directamente y para la existencia del proceso, según la Constitución, debe haber una acción directa sobre el hecho que se le acusa.
Las pedaladas fiscales es una de las cuatro acusaciones contra la presidenta, por lo que pese a que resulta exculpada de ello, el juicio continúa.
En contexto
En mayo, el Senado de Brasil votó a favor del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, por lo que debió separarse de su cargo por un período de 180 días.
Durante este periodo se analizan las pruebas que supuestamente vinculan a la jefa de Estado con presuntas pedaladas fiscales, lo que supone que el Gobierno atrasó sistemáticamente el envío de recursos a los estatales Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales en un año electoral.
Esta maniobra de juicio político es interpretada por los analistas como un golpe de Estado parlamentario contra el Gobierno progresista, y un atentado feroz contra las políticas sociales.
El presidente interino, Michel Temer, quien quedó a cargo de la nación ha llevado a cabo desde los primeros siete días en el Poder una serie de reformas económicas y modificaciones contra la clase trabajadora, movimientos campesinos y hasta contra el sector salud, cultura y educación.